Semanario Digital - La Rioja, Miercoles 19 de Diciembre de 2012
Año 6 - Edición 337
Fundamentos del Consejo de Abogados de La Rioja para oponerse a la iniciativa de la Legislatura local

Críticas al anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial

El Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja presentó un escrito en la Legislatura provincial, oponiéndose al Proyecto de Ley de la Reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Aseguran que en lugar de destinar más recursos a la Justicia el Gobierno busca simplificar los procedimientos afectando la calidad de justicia y en franca contradicción con leyes nacionales y tratados internacionales. Pase y lea.

Este es el escrito que el Consejo de Abogados presentó en la Legislatura y difundió entre sus matriculados:
 
VISTO: El Proyecto de Ley Estableciendo la división en Salas Unipersonales a las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial y sus homónimas de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia presentado por los Diputados Délfor A. Brizuela, Jorge D. Basso, María Florencia López, Mario Guzmán Soria, cuyo referente es el expediente Nº 18A – 00643/12;
 
Y CONSIDERANDO:
QUE, en el Proyecto de Ley referenciado, en el Título I, Art. 1, se da cuenta que el sistema de las Salas Unipersonales en las cuales se dividirán las actuales Cámaras con competencia en lo Civil, Comercial y en algunas Circunscripciones de Minas, Criminal y Correccional de las cinco (5) circunscripciones judiciales actuales, se va aplicar en todo el territorio provincial con la asignación de competencia material en las causas de familia, niñez y adolescencia, en los procesos sucesorios y en los procesos ejecutivos en los que les corresponda intervenir por razón del monto del proceso.
 
QUE, el proyecto en cuestión no tiene en miras el Sistema Procesal Provincial de juicio oral de instancia única en materia Civil y Comercial, y tampoco tiene carácter transitorio como se informa en los Fundamentos de la misma hasta que se pueda implementar el Fuero de Familia, Niñez y Adolescencia, creado por Ley 7863, porque no tiene ningún plazo en su aplicación y, se va a aplicar en todo el territorio provincial.
 
QUE,   se concibe la reforma como una respuesta legislativa que se convierta en instrumento idóneo para lograr una mas eficiente y ágil administración de justicia, mediante la creación de Salas unipersonales que tienden a remediar la falta de implementación de la Ley 7863 de Creación del Fuero de Familia, Niñez y Adolescencia por razones estrictamente presupuestarias.
 
QUE, lo dispuesto en el Título I, arts. 1, 2 y 3 del Proyecto de Ley, es manifiestamente inconstitucional porque lesionan el principio de igualdad (Art. 16 de la CN) y las garantías de acceso a la justicia y de defensa en juicio (arts. 18,33 y 75 inc. 22 CN) y los tratados internacionales y legislación nacional, Ley 26. 061 en sus arts. 3 y 27, por los motivos que se mencionan seguidamente:
 
QUE, la inconstitucionalidad de la reforma que se propone se configura porque se afecta el principio de especialización del fuero, en función de la índole de la materia. En efecto, la competencia material corresponde – tanto a cuestiones patrimoniales como son: los juicios ejecutivos y los sucesorios, como a cuestiones no patrimoniales como son: las cuestiones de Familia, Niñez y Adolescencia. Con lo cual la calidad del servicio de justicia no se incrementa, sino que disminuye considerablemente.
 
QUE, la inconstitucionalidad de la reforma que se propone se da porque con este sistema de Salas Unipersonales no se protege a los más débiles como son, entre otros, la niñez y la adolescencia como se propicia en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Al respecto, señalamos que en los casos de sectores vulnerables como son los Niños y los Adolescentes se le debe hacer efectiva la garantía de “acceso a la justicia”, que deriva de la garantía de defensa en juicio (Art.18, 33 y 75 inc. 22 de la CN), a través, del sistema de justicia actual de proceso oral civil riojano de única instancia, con vigencia ininterrumpida en la provincia, desde el año 1951 a la fecha, hasta tanto se pueda implementar el fuero especializado de Familia, Niñez y Adolescencia.
 
QUE, ello por cuanto, el sistema de proceso oral civil riojano de única instancia requiere de la existencia necesaria de un tribunal colegiado, que se integra con un mínimo de tres (3) Vocales, a fin de dar un servicio de justicia efectivo y eficaz, máxime que dentro de este proceso oral no tienen cabida los recursos ordinarios como son la Apelación y Nulidad. En tanto, que en la reforma procesal que se propicia, se va a brindar una justicia diferenciada para las Familias, Niños y Adolescentes, que se canaliza únicamente por la vía ordinaria, en forma principal y/o incidental, por ante una Sala Unipersonal, integrada por 1 Vocal, y en lo que hace al proceso judicial en si mismo, este no tiene previsto los recursos ordinarios. Ello vulnera la garantía de defensa en juicio.      
 
QUE, se quebranta el principio de igualdad porque para las cuestiones de Familia, Niños y Adolescentes se les asigna un tribunal reducido como son las Salas Unipersonales, con un (1) Vocal, en tanto que para las otras cuestiones civiles, se asigna un Tribunal Colegiado, integrado por tres Vocales, acorde se establece en el art. 5 del Proyecto de Ley en estudio, por el cual se propicia la reforma del art. 54 de la Ley 2425. Verbigracia: al justiciable de un juicio de daños y perjuicios le va impartir justicia un tribunal colegiado, integrado por 3 vocales, en tanto en las causas de familia, niñez y adolescencia le va a impartir justicia una Sala Unipersonal integrada por 1 vocal.
 
QUE, también se quebranta el principio de igualdad dentro de las causas que por competencia material se les asigna a las Salas Unipersonales porque todas ellas no reciben iguales oportunidades de justicia. En efecto: a) en el caso de los juicios ejecutivos, los mismos tienen la vía ejecutiva que ejercen con su acción ejecutiva y, también pueden promover la vía ordinaria posterior, por la cual pueden entablar juicios de repetición, nulidad, daños y perjuicios etc. b) En el caso de los juicios sucesorios, los mismos pueden dar lugar a la posterior promoción de vía ordinaria como ocurre con las acciones de petición de la herencia. En este aspecto particular, destacamos que no es conveniente ninguna reforma procesal en materia de juicio sucesorio teniendo en cuenta que el Proyecto de Código Civil –con estado parlamentario actual- contiene normas de carácter procesal que van a demandar futuras reformas procesales.     
 
QUE, el proyecto en su Título I, es inconstitucional pues es contrario al interés superior del niño, previsto en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna y el art, 3 de la Ley Nacional 26.061, que define y completa los alcances del interés superior del niño.
 
QUE, la denominada doctrina de la protección integral condensa la existencia de cuatro instrumentos básicos: la Convención Internacional Derechos de los Niños, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (o Reglas de Beijing) aprobadas por la Asamblea General de ONU en noviembre de 1985, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de Delincuencia Juvenil, también de 1990. Es de destacar que el proyecto de ley en estudio, guarda silencio sobre toda esta normativa. 
 
QUE, asimismo, el proyecto guarda silencio sobre el “Abogado del Niño” conforme al Art. 27 de la Ley Nacional Nº 26.061 que establece: “Artículo 27.Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte."
 
QUE, la O.N.U. a través de su Asamblea General instó a los Estados a través de su Resolución A/RES/66/141 del 04-04-2012 "A los Estados a que adopten o refuercen, según corresponda, las medidas legislativas y de otra índole con miras a prevenir, prohibir y eliminar con eficacia todas las formas de violencia contra los niños, en todos los contextos".
 
QUE, el proyecto no alcanza a satisfacer el standard mínimo para la protección integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Al contrario, abogamos por un tribunal especializado y una representación adecuada que contemple al “abogado del niño” receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el P.G.M. y P.C.L. /s/Protección de Personas, del 27-11-2012.
 
QUE, por otra parte, desde el punto de vista funcional, la solución propuesta no trae aparejada ninguna mejora del Poder Judicial siendo inexcusable dotar al Poder Judicial de un presupuesto acorde a su condición de Poder del Estado y por la elevada función que debe cumplir en el Estado de Derecho que vivimos. 
 
QUE,   este proyecto en análisis, no crea nuevas cámaras, no designa más jueces y a los actuales camaristas les asigna competencia en juicios de familia y minoridad que no corresponda a lo que limitadamente se le atribuye al Juez de Menores en las Circunscripciones donde se encuentran. Los mismos jueces para los mismos juicios e incluso algunos más que se agregan en el proyecto pero funcionando como Sala unipersonales para tramitarlos y resolverlos. La reforma en verdad no cambia el funcionamiento actual de las Cámaras, continúan los mismos órganos judiciales y magistrados que los integran
 
QUE, la reforma no constituye el instrumento idóneo que pueda brindar una más eficiente y ágil administración de justicia. Todo gira alrededor de los mismos jueces, de la misma estructura y el mismo presupuesto, aunque desdoblando su desempeño.
 
QUE, en lo atinente a la estructura y a lo sistemático de nuestro proceso civil, oral y de instancia única, y por cierto, a la validez constitucional de los cambios proyectados, los jueces actuando como Sala –conforme la reforma- deberán conocer y resolver en definitiva las causas de su competencia. Lo que significa que jueces unipersonales tendrán a su cargo la tramitación integral del juicio (recepción de las postulaciones introductorias, recepción, producción y control de las pruebas y recepción de las alegaciones finales), y también, el dictado de la sentencia definitiva como instancia única, lo que no resulta conveniente conforme el pensamiento de procesalistas y constitucionalistas. Son jueces unipersonales –al igual que los jueces del Trabajo y de Paz Letrada de la Capital- que actúan en instancia única en nuestro sistema que solo admite la revisión de las sentencias mediante la interposición de los recursos extraordinarios de casación, revisión e inconstitucionalidad por ante el Superior Tribunal de Justicia, con las consabidas limitaciones que ello implica, lo que pone seriamente en crisis la garantía del debido proceso que debe estar asegurada en todo proceso judicial por imperativo constitucional.
 
QUE, nuestro actual sistema de instancia única está concebido y funciona válidamente en tanto el conocimiento y la resolución de las causas están a cargo de un tribunal (las Cámaras) que asegura la intervención de los tres magistrados que la componen en toda la instancia y en todas las etapas que lo integran.
 
QUE, no ocurre lo mismo con el juez unipersonal actuando en toda la instancia por exigencia del sistema, recibiendo las postulaciones de las partes, admitiendo y controlando la prueba y resolviendo en definitiva la causa, con limitadas posibilidades de remisión en revisión en instancia recursiva.
 
QUE, la solución legislativa que se proyecta de este modo, no constituye el instrumento idóneo para lograr una más eficiente y ágil administración de justicia que se pretende. Y en rigor de verdad ninguna reforma podrá constituirlo si no cuenta con el presupuesto adecuado y suficiente.
 
QUE, así también lo entendió FACA NOA con fecha 07/12/2012, reunidos en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, pronunciándose por unanimidad acompañando el pronunciamiento del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja en contra de la sanción del proyecto.
 
Por ello; y en uso de atribuciones conferidas por la Ley N° 6827, el Directorio del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja,
 
R E S U E L V E:
 
ARTÍCULO 1°.- PRONUNCIARSE en el sentido de que no es conveniente realizar reformas parcializadas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Rioja, porque estas fragmentaciones legislativas son inconstitucionales con los alcances que hemos dado, por lo que no son aconsejables.
 
ARTÍCULO 2º.- Gírese copia de la presente a la Legislatura de la Provincia de La Rioja.
 
ARTÍCULO 3º.- Por Secretaría, incorpórese la presente resolución como parte integrante del Acta de Directorio N° 1.555.
 
ARTÍCULO 4º.- Publíquese en el periódico de mayor circulación local y archívese.
             
ACTA DE DIRECTORIO N° 1.555 – Fecha 11 de diciembre de 2012.
 
DataRioja
19/ 12/ 2012
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