El Consejo de Abogados y este revista vienen solicitando de manera independiente información ambiental sobre la provincia sin ningún tipo de respuesta. El secretario de Medio Ambiente no sabe sobre lo que pasa con la curtiembre Yoma, el Parque Industrial y mucho menos sobre los informes de impacto ambiental vinculados al uranio en Capital y el interior.
A través del Instituto de Derecho Ambiental, el Consejo de de Abogados de La Rioja solicitó al Gobierno provincial para que brinde informes sobre la política ambiental local. También DataRioja hace cuatro semanas que le solicitó al secretario de Medio Ambiente, Nito Brizuela, tener acceso al informe de impacto ambiental sobre el uranio en Capital y el interior, sin ninguna respuesta.
El director del Instituto de Derecho Ambiental, Raúl Vidable, y el subdirector, Horacio Bilmezis, informaron que en marco del derecho a peticionar y recibir información, junto con la Fundación Ambiente y Desarrollo, solicitaron a la Secretaria de Ambiente de la Provincia, con copia al Gobernador, información pública relacionada a la marcha de la política ambiental en la Provincia. El pedido apunta a conocer sobre la respuesta a la contaminación del Parque Industrial, de las fábricas de Aimogasta y Chilecito y los basurales. El plazo es de 30 días y si no acudirán a la vía judicial. El pedido de información se hizo en marco de la Ley Nacional Nº 25.831.
Vidable explicó que están solicitando información sobre la respuesta que está brindando el Gobierno "respecto a los hechos de contaminación existentes en la Provincia que son de público y notorio conocimiento y son emblemáticos: La contaminación del Parque Industrial, la ex Curtiembre Yoma, la contaminación en las fábricas de Chilecito, de Aimogasta y los basurales etc".
Asimismo, ante "estos hechos de contaminación le solicitamos el listado de las empresas sancionadas por la Secretaría de Ambiente en los últimos diez años, cuáles son las penas que se les impusieron a las personas que contaminaron, si participaron en algún proceso judicial o denunciaron penalmente a los contaminadores".
Por otro lado, Vidable, comentó que como el Derecho Ambiental es netamente preventivo "queremos saber si se están tomando los recaudos para que otros emprendimientos que pueden producir graves contaminaciones, como los mineros, han presentado los estudios de impacto ambiental y si están tomando las medidas preventivas para que no haya contaminación".
Los abogados explicaron que por este motivo también pidieron el listado de las evaluaciones de impacto ambiental donde la Secretaría de Ambiente tomó participación y sobre el equipo técnico que realizó estos dictámenes y cuál fue el resultado.
"Como esta información es pública, la ley de Ambiente Provincial exige al Gobierno que cree un Sistema de Información Público Ambiental y queremos saber si lo han creado y cuál es el programa de gobierno", señaló el Director del Instituto de Derecho Ambiental. Y agregó, que también pidieron que se les informe el presupuesto de la Secretaria de Ambiente, los programas que está manejando, si recibe donaciones "y específicamente el cumplimiento de una ley provincial que establece el fortalecimiento del equipo de control ambiental".
Vidable comentó que este pedido de informe surgió porque hace más de 20 días pidieron información a la Secretaría de Minería y hasta el momento no tuvieron respuesta como en otras oportunidades en que solicitaron pedidos de audiencia al Gobernador Beder Herrera, al secretario de Ambiente y a otros Organismos "para debatir estos temas y no hemos tenido respuesta, como le pasa a los ciudadanos que han solicitado audiencias".
La vía por la que fue efectuado este nuevo pedido tiene un plazo de 30 días hábiles para que la Secretaría de Ambiente responda. "En caso de que no respondan o la respuesta sea deficiente o falaz, queda habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes", aclaró el letrado, quien finalmente recordó que "los funcionarios a cargo tienen un responsabilidad administrativa, la ley establece sanciones (...) por incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos".
Redacción DataRioja
28/ 07/ 2010