No penalizar más a una mujer que se haya realizado un aborto es otro paso significativo a la igualdad de oportunidades, a la construcción de una ciudadanía femenina real, sólida, imprescindible.

No existen argumentos jurídicos para seguir condenando mujeres que deciden tomar esta decisión.  Por el contrario existen sobradas evidencias de que los abortos clandestinos van en aumento y que a causa de ellos mueren 100 mujeres al año en Argentina.

Detener la muerte injusta y  crear políticas públicas reales para hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres es una obligación urgente de cumplir. Todas estas muertes son muertes silenciosas provocadas por una gramática violenta que vuelve a tener como destino final a la mujer.

La mujer sigue siendo pensada como un ser subalterno. Por eso necesita protección, legislación sobre su propio cuerpo. Lo subalterno siempre necesita de alguien que lo interprete y lo resuelva, en este caso la ideología de grupos que históricamente las han negado como sujetos activos.  Siempre un poder que nada tiene que ver con lo femenino construyó discursos para sujetar a estos sujetos constantemente inquietos.

Basta con escuchar cuáles son los argumentos que hoy buscan detener la discusión sobre la despenalización del aborto. Los grupos más conservadores esgrimen que no se puede despenalizarlo porque prima el Derecho a la vida. El Derecho a la vida del feto, en el Derecho Internacional, no tiene validez alguna. Pero sí los derechos de la mujer embarazada. Ella tiene derecho a la protección, a la vida, al cuidado de su integridad física y a no ser discriminada.

La Comisión Interamericana concluyó, ya en 1981, que las disposiciones sobre el Derecho a la vida, contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no negaban necesariamente el derecho de la mujer a acceder a un aborto legal y seguro.

El derecho a la vida no está protegido en la doctrina jurídica internacional desde la concepción sino desde el momento de su viabilidad, lo cual debería discutirse y resolverse contemplando los derechos de la mujer embarazada.

La hipocresía social es lo que mantiene vivo aún la condena a las mujeres que abortan y la que impulsa a cada momento la judicialización de los abortos no punibles. Todo lo que compete a los cuerpos femeninos se debate y discute, aunque esto le cueste su muerte.

Las mujeres somos, según la legislación que hoy rige en Argentina, ciudadanas de segunda. Nuestros Derechos Civiles y Políticos no son respetados. El Comité de Derechos Humanos de la ONU realizó observaciones al respecto y llamó a nuestro país a modificar las leyes que restringen el aborto y que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres.

Sobran argumentos jurídicos para dejar de condenar el aborto. La  Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Argentina en 1990), también recomendó revisar las leyes que prohíben el aborto en aquellos casos en que los abortos inseguros contribuyen a generar altas tasas de mortalidad materna.

Miles de mujeres sufren daños físicos irreparables -cuando no la muerte- al someterse a abortos inseguros. La respuesta a este destino espantoso es siempre la misma: “que no aborte, que dé su hijo en adopción”; “si le gustó, que ahora se la banque”.

Frente a cada una de las acciones, actividades y actitudes de las mujeres siempre hay una mirada severa y demoledora que engorda la moralidad de algunos sectores que cada tanto evoca a un dios que siempre, siempre, aparece enojado. Ese dios vive justificando las leyes de los que buscan controlar mentes y cuerpos, pero siempre ajenos.

Para frenar el sufrimiento de miles de mujeres necesitamos acceder a educación sexual plena para poder decidir; anticonceptivos para no abortar y, ahora, el aborto legal para no morir.

Los embarazos no siempre son una consecuencia de una noche de lujuria y pasión irresponsable. Hay sobrados casos en que son producto de una violación. Para estos casos hay algunos alicientes en el obsoleto Código Penal que nos rige. Pero igual así todas las excepciones que plantea esta ley terminan en la Justicia. Esa Justicia llega más que tarde, cuando el cuerpo de la mujer esta arruinado, cuando su salud mental esta aniquilada.

Quienes consideramos fundamental  despenalizar el aborto para frenar la muerte de miles de mujeres, la reproducción de la pobreza,  la condena a una vida oscura, sabemos que ninguna mujer aborta alegremente, y que todas las sentencias que pesan sobre esta práctica no hacen más que alentar la clandestinidad.

Los abortos clandestinos son un negocio increíble. Las mujeres que pueden pagar un aborto más digno son las que se salvan, las otras mueren de a montones, enmudecidas, en soledad. Pesa sobre ellas la mirada que condena, que maltrata. Si pudiera esta sociedad las lapidaría. Pero no lo hace porque somos “civilizados”, pero con un dios que de vez en cuando sirve para justificar nuestros fascismos, nuestras segregaciones. Esto no es igualdad.

La legislación que impide decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas no se basa en la protección, los derechos humanos, la igualdad o el amor al prójimo: es, simplemente, tecnología política de control de la vida biológica de las poblaciones, merced al regimiento y disciplinamiento de los cuerpos femeninos.

Redacción DataRioja
28/ 07/ 2010