La sobrina de Mons. Angelelli, María Elena Coseano Luis Miguel Baronetto por el Centro Tiempo Latinoamericano, de Córdoba y el Obispado de La Rioja como querellantes acreditados en la causa que investiga el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, presentaron ante el Juzgado Federal de La Rioja, el pedido de imputación a quienes consideran  autores mediatos del crimen, entre los que se encuentran militares, policías y civiles. También anunciaron la existencia de un expediente policial paralelo que fue ingresado como prueba.

La investigación por la muerte de Angelelli se inició en los tribunales locales a cargo del juez Aldo Fermín Morales quien llegó a la conclusión que al Obispo lo asesinaron. Sin embargo, la causa no avanzó sobre los presuntos culpables y recién en el 2005 la Presidencia de la Nación solicita la reapertura del caso esta vez en la Justicia Federal. A ese pedido se suma la subsecretaría de Derechos Humanos de La Rioja.

“En este momento la causa de Angelelli no tiene ningún imputado, le hemos pedido al juez la imputación de 14 personas y la citación a indagatoria de esas personas con los fundamentos y pruebas que existen a lo largo de todo el voluminoso expediente que ha sufrido un retraso inexplicable en un aspecto y explicable en otro”, explicó Baronetto a DataRioja. “No desconocemos que esta causa es difícil, para algunas personas, incómoda, las complicidades que se tejieron en su momento a nivel político y de la misma sociedad riojana”, agregó el director de la revista Tiempo Latinoamericano.

Expediente paralelo
Respecto al expediente que salió a la luz a mediados del año pasado pero que recién dieron a conocer hace pocos días, Baronetto explicó que eso fue por la actuación del Episcopado que encomendó a monseñor Giaquinta una serie de acciones, y “una persona en confesión le acercó ese expediente que luego fue entregado obispado, que lo ha incorporado a la causa”.

Desde agosto de 2006 Giaquinta está a cargo de una Comisión especial que conforman también el obispo de La Rioja, monseñor Roberto Rodríguez y el profesor de Derecho Canónico, presbítero doctor Nelson Dellaferrera, de la arquidiócesis de Córdoba con el objeto de realizar una investigación en el ámbito eclesial sobre todo lo relativo a la muerte de Angelelli.

Baronetto precisó que el expediente paralelo se inició con la actuación policial el 4 de agosto de 1976 a la 16.30 horas y tiene 16 cuerpos, mientras que las actuaciones que dieron inicio al sumario “oficial” sobre la muerte de Angelelli fueron sustanciadas por la Policía en Chamical. “Aparecen claramente dos investigaciones sobre los mismos hechos. Más allá de la impunidad impuesta, este aspecto puntual fue una decisión tomada no solo para ocultar los pormenores de los hechos que provocaron la muerte de Angelelli, y las lesiones de. Pinto, sino que estaba destinada a hacer aparecer una cosa por otra, que en definitiva era dar apariencia de “accidente” lo que fue un hecho por demás premeditado por los autores”, argumentaron los abogados de Baronetto y la sobrina del Obispo.

Por su parte, una de las abogadas del Obispado, Mirtha Sánchez, confirmó a esta revista lo expresado por Baronetto. “Sobre esta aparición (del expediente) solicitamos a fiscalía que se liberen oficios solicitando informes. Nos llamó la atención como a todos. Estamos a la espera que nos notifiquen sobre los informes que han recibido”. También señaló que aportan una prueba importante desde el punto de vista procesal. “Durante una investigación no puede llevarse un sumario paralelo en original. Es decir que cuando se labraba un acta, una inspección, una testimonial, una prueba pericial se hacían dos firmadas por los mismos funcionarios”, explicó la abogada. Con esto buscan determinar quiénes ordenaron este expediente paralelo, quiénes son los responsables y por qué se hizo.

Respecto a las demoras en esta causa, pero en general a todas las relacionadas con el terrorismo de estado, Baronetto consideró que “han sido demoradas por falta de voluntad política de impulsar instrumentos que pudieran llegar al juicio y condena de los responsables. Las leyes de obediencia debida y punto final que pusieron en la congeladora todas esas causas. Desde el ´87 han pasado más de 20 años hasta que en el 2005 se anulan esas leyes y se abre de nuevo la posibilidad de que los responsables sean procesados”.

Imputaciones
En la conferencia que se realizó el viernes 26 de febrero los denunciantes pidieron que sean imputados por los delitos de Homicidio Calificado, en la persona de Mons. Angelelli, y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa, en la persona de Arturo Aldo Pinto, las siguientes personas:

-Jorge Rafael Videla, militar, presidente de facto a partir del 24 de marzo de 1976. Desde el Centro Tiempo Latinoamericano señalaron que existe voluminosa documental que da cuenta que Videla junto a su Ministro del Interior realizaban seguimientos de la situación que se vivía en la Diócesis de La Rioja, siendo amedrentados, amenazados, investigados y objeto de la inteligencia de la llamada “comunidad informativa” SIDE y el SIE (Ejército que había concentrado las “tareas operativas centralizadas”).

-Albano E. Harguindeguy, militar, entonces Ministro del Interior. Las “carpetas” le fueron entregadas dos días después de los hechos y no toda la documentación fue devuelta. El Dr. José Deheza, ex ministro de Defensa del gobierno de Isabel Perón, relató en 1984: “Un día fui a ver a Harguindeguy para pedirle por unos compañeros peronistas. Sonó el teléfono y su cara se iluminó con una sonrisa. Cuando colgó me dijo: El Obispo Angelelli acaba de morir en un accidente”. Era el 4 de agosto de 1976.

- Luciano Benjamín Menéndez, entonces General de División, titular del Tercer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en las Provincias del Nor-Oeste del País, de cuyo mando dependía el Área 314 con asiento en La Rioja. Abundan las explícitas referencias sobre la responsabilidad de quien ejercía en la fecha de estos crímenes la máxima responsabilidad de mando en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.

-Osvaldo Héctor Pérez Bataglia, entonces Coronel; y Jorge Pedro Malagamba , coronel,  responsables del Área militar 314 y del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, con asiento en La Rioja. Ejercían la jefatura del Ejército en la Provincia de La Rioja. Gervasio Mecca (fs. 751) afirma que luego de ser detenido en 1976 de la policía lo trasladan al Batallón, siéndole informado por el segundo jefe Malagamba, quien en ese momento estaba a cargo de la jefatura, que no estaba a disposición del P.E.N., sino del Área 314.

-Comodoro (RE) Roberto Luis Nanziot, Gobernador de la Provincia de La Rioja, de quien dependía la Policía de la Provincia de La Rioja, que tuvo destacada actuación en la represión en todo el ámbito de la provincia, como lo prueban los testimonios recolectados por la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Pero además en los hechos criminales del mismo 4 de agosto de 1976.

- Comodoro Lázaro Antonio Aguirre y Vicecomodoro Luis Estrella , a cargo de la Guarnición Aérea de Chamical, en Provincia de La Rioja, que actuaba con capacidad operativa. Por otro lado el Comodoro Julio César Santuccione por entonces jefe de los servicios de inteligencia de la Aeronáutica al testigo Armando Ramón Torralba, le manifestó: su total disconformidad con la forma de actuar del jefe de la Base Aérea de Chamical, Comodoro Lázaro Antonio Aguirre quien respondía al comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, y  estaban muy vinculados (ver fs. 1271).-

- Di Cesare, entonces Jefe de Policía de La Rioja, tenía plena disposición de desplegar su actuación como lo demuestra las constancias de autos “al demorar a seis religiosas entre las cuales estaba la Provincial de las Azules, Madre María Eugenia. Públicamente se les dijo que eran sospechadas y que “el mayor ideólogo marxista era el Obispo…”. Por idénticas razones a (10) Vicente Herrera, Sub Jefe Inspector General de la Policía de La Rioja.

-El jefe de la Delegación en La Rioja de Gendarmería Nacional.  Por la actuación probada de esa fuerza en hechos represivos vinculados a colaboradores de Mons. Angelelli, según testimonio de Augusto Ramón Pereyra (fs. 752).

- Jefe de la Policía Federal, Delegación de La Rioja en ese tiempo: esta fuerza de seguridad está sindicada en numerosos testimonios, como cooperadoras de distintos hechos represivos: torturas y encarcelamientos en dependencias de esta fuerza.

- Cerutti, entonces, capitán de Ejército, miembro de los Servicios de Inteligencia del Ejército , y de Coordinación y Enlace de la Provincia de La Rioja. Habría sido el encargado de Coordinación y Enlace entre el Gobierno de la Provincia de la Rioja, el Gobierno de la Nación, el SIDE, participando en reuniones donde se decidía la libertad y la vida de las personas.

- Antonio Jorge Todarelli, entonces miembro de los Servicios de Inteligencia del Estado. Nombrado por testigos, como participe por su ocupación en la trama de los Servicios de Inteligencia de cada Fuerza y del Estado.

“Los autores arriba mencionados, formaban parte de un grupo destinado a perseguir, reprimir y exterminar sistemáticamente opositores políticos del régimen dictatorial instaurado el 24/03/1976, que operaba dentro del Territorio Nacional y en particular en la Provincia de La Rioja, abarcando la comisión de estos hechos: Homicidio Calificado y Homicidio Calificado en Grado de Tentativa conforme a la ley en vigor en esa fecha (21.338)”, expresa la presentación judicial de los querellantes.

Además agregan que “queda demostrado que contaban con “red de informantes” y “contactos”   algunos civiles, otros con funciones policiales y militares, destinados a obtener datos sobre posibles perseguidos, garantizando la impunidad de los autores materiales de crímenes de lesa humanidad. Y en este caso haciéndolo aparecer como un accidente de tránsito provocado por la propia víctima”.

Redacción DataRioja
03/ 03/ 2010